El IMSS: los derechos de los trabajadores también son derechos del pueblo

La transformación del sistema público de salud en México no puede construirse de espaldas a quienes, todos los días, sostienen con su trabajo la atención médica de millones de mexicanos. Médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, trabajadores administrativos y personal de servicios generales constituyen la columna vertebral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin ellos, ninguna reforma sanitaria, por ambiciosa que sea, podrá alcanzar sus objetivos.

Por eso, el conflicto sindical que hoy atraviesa el IMSS debe entenderse como algo mucho más profundo que una controversia salarial. Estamos frente a una discusión sobre la dignidad del trabajo, la democracia sindical, la calidad de los servicios públicos y el futuro de una de las instituciones fundamentales del Estado social mexicano.

De acuerdo con los reportes sobre la consulta del pasado 14 de octubre, los trabajadores participantes rechazaron mayoritariamente la propuesta de incremento global del 6.8%, integrada por un 2.9% al salario tabular y un 3.9% en prestaciones. Más allá de las cifras, el resultado expresa un malestar que no puede reducirse a una diferencia porcentual.

El problema es que durante años el personal del IMSS ha enfrentado cargas laborales crecientes, insuficiencia de recursos humanos, deterioro de instalaciones y dificultades para disponer oportunamente de medicamentos, insumos y equipamiento. A ello se suman las preocupaciones sobre el régimen de jubilaciones y las condiciones en que las nuevas generaciones ingresan al servicio público de salud.

No se puede exigir una atención médica digna sin garantizar condiciones dignas a quienes la proporcionan. Pero existe otra dimensión del conflicto que merece particular atención: la representación sindical.

Los cuestionamientos expresados por sectores de trabajadores hacia la dirigencia encabezada por Rafael Olivos Hernández deben ser atendidos mediante mecanismos transparentes de deliberación y participación democrática. Ninguna organización sindical puede pretender representar legítimamente a sus agremiados si pierde la capacidad de escuchar sus demandas.

La democracia sindical no puede agotarse en la elección periódica de dirigentes. Debe expresarse en la discusión colectiva de los contratos, en la rendición de cuentas, en el respeto a las minorías y, fundamentalmente, en el reconocimiento de que la voluntad de los trabajadores está por encima de cualquier interés burocrático.

La Cuarta Transformación ha impulsado cambios importantes en materia de libertad sindical y democracia laboral. Sería contradictorio que esos principios no encontraran plena expresión en una institución tan relevante como el IMSS.

Defender la autonomía sindical significa rechazar tanto la intervención indebida del gobierno como la subordinación de los trabajadores a dirigencias que pretendan sustituir su voluntad colectiva.

En este contexto, los reportes sobre la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum al director general del IMSS, Zoé Robledo, para elaborar una propuesta integral, así como la intención sindical de ampliar las negociaciones hasta el 15 de noviembre, abren una oportunidad para encontrar una salida institucional.

Esa salida no debería limitarse a revisar los porcentajes del incremento salarial. Se requiere una negociación de mayor alcance que incorpore la contratación de personal, la distribución de cargas de trabajo, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, el abasto de medicamentos y una revisión responsable de las condiciones de retiro y jubilación.

El IMSS no es una empresa privada cuyo éxito pueda medirse exclusivamente mediante criterios financieros. Es una institución de seguridad social que materializa derechos conquistados históricamente por los trabajadores mexicanos.

Su fortalecimiento debe responder a una lógica de bienestar colectivo, no a la visión tecnocrática que durante décadas pretendió reducir la salud pública a un problema de costos y eficiencia administrativa.

También es indispensable reconocer que los pacientes no pueden convertirse en víctimas de las diferencias entre las autoridades y las organizaciones sindicales. La continuidad de los servicios médicos esenciales constituye una responsabilidad compartida. Defender los derechos laborales y garantizar el derecho a la salud no son objetivos contrapuestos; forman parte de una misma concepción de justicia social.

El IMSS debe salir de este conflicto más fuerte, más democrático y más comprometido con su misión social. Porque defender a sus trabajadores es también defender la salud y la dignidad del pueblo de México.