Indicador político
La elección presidencial en Venezuela ha resultado como se anticipaba, el desencuentro del chavismo con la realidad. Todos los elementos de la elección y su evidencia revelan el repudio mayoritario de los venezolanos a la pesadilla que representa el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor del caudillo Hugo Chávez. El dictador, en su afán de mantenerse en el poder a toda costa, se ha quedado solo y hasta los gobiernos afines imponen distancia. Un despropósito democrático haber impedido la candidatura de la líder natural e indiscutible de la oposición, Corina Machado. Se tuvo que recurrir a Edmundo González, un honorable diplomático para construir una candidatura opositora en condiciones de competencia desigual, de intimidación y represión por el gobierno de Maduro. A pesar de la adversidad e incertidumbre, además de la exclusión del derecho a votar a los residentes en el extranjero, los venezolanos hicieron valer su determinación de echar al chavismo del poder a través del recurso más civilizado, el voto. Las evidencias del triunfo opositor no quedan en la crónica o el testimonio de la elevada afluencia a las urnas de los opositores. Eso no hace prueba. Lo más relevante, por su poder de convicción es el acopio de las actas de escrutinio de más del 80% de los centros de votación, lo que demuestra, además del triunfo amplio Edmundo González, la organización opositora exitosa para lograr la evidencia del triunfo alcanzado, que cobra relieve por la imposibilidad del oficialismo y del mismo órgano electoral colonizado de ofrecer en tiempo y forma información equivalente. Es inevitable que el diferendo, siendo esencialmente doméstico, trascienda al ámbito internacional. La democracia -debiera entenderse con claridad en México- no es agenda nacional, se enmarca en una serie de principios y valores que trascienden las fronteras. Su eje fundamental son los derechos humanos, que incluye pero va más allá del derecho de votar y ser votado. Una autoridad ilegítima por su desacato a las reglas del juego democrático es el principio de un gobierno arbitrario, corrupto y represor, crónica de varias de las dictaduras en la región, incluyendo a la Venezuela del chavismo. La respuesta represiva de Maduro profundiza la crisis y complica una salida negociada. López Obrador tiene sus fijaciones y sus preferencias. Sus afinidades hacia Maduro chocan con su propia lucha por el respeto al sufragio libre. Los órganos electorales y judiciales no son confiables, así que carecen de poder para resolver con certeza e imparcialidad. AMLO y los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Luis Inácio Lula de Brasil buscan dar salida al problema. La solución necesariamente pasaría por el reconocimiento del triunfo de la oposición, si es el caso de respetar la voluntad democrática de los venezolanos. Los presidentes pretenden excluir a Corina Machado de las negociaciones y se ofrecería una amnistía para absolver de toda responsabilidad a Maduro y a sus colaboradores. Difícil que el dictador ceda. López Obrador, por su afinidad con Maduro es quien más influencia tiene y por elemental congruencia debería optar por lo que ha sido su lucha en la defensa del voto. El mundo tiene otros datos. La OEA ha solicitado a la Corte Penal Internacional el arresto de Maduro. El gobierno de EU junto con Ecuador, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Panamá han reconocido a Edmundo González como candidato ganador y el conjunto de la comunidad internacional con la excepción de Rusia, Cuba y Nicaragua exigen el respeto al voto; en consecuencia, un aval a la oposición. Más allá de los argumentos, los intereses y las fijaciones está el tema de las actas. La validación de los documentos aportados por la oposición, realizada por medios internacionales concluyen de manera convincente el triunfo opositor en un margen mayor de dos a uno, resultado que coincide con las encuestas previas y las del día de la elección. Mientras que el oficialismo no ha podido aportar elementos equivalentes, tampoco el órgano electoral. López Obrador tiene la convicción de que ningún país ni órgano internacional debe interferir, esto dejaría al régimen de Maduro con ventaja. Todo apunta a un triunfo claro de la oposición y, por lo mismo, difícil para él eludir el caso arropándose en una interpretación de la soberanía que conspira contra la democracia y la salvaguarda de los derechos humanos. No es un tema de ideología ni de nacionalismos, es definir entre dictadura y democracia, simple y sencillamente.