Desaforan diputados a Gerardo Vargas Landeros y Genaro García

CULIACÁN, Sin., 2 de mayo.- Luego de poco más de seis horas de sesión, la madrugada de este viernes 2 de mayo por unanimidad los diputados integrantes de la 65 Legislatura desaforaron a ahora exalcalde de

Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al ahora exintegrante de esta misma legislatura Genaro García Castro.

Correspondió a la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, dar a conocer que tras escuchar el informe presentado por la fiscal del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, se procedió a la votación para retirar la inmunidad constitucional de la que gozaban tanto Vargas Landeros y García Castro, y puedan estar en condiciones de comparecer ante la autoridad que les investiga por presuntos actos de corrupción.

“Este resolutivo- precisó la legisladora- no prejuzga sobre la culpabilidad de las partes, simple y sencillamente se remueve la inmunidad de la cual gozan los funcionarios públicos para efecto de que Fiscalía pueda hacer su trabajo y para efecto de que las partes involucradas, a quienes se les va a seguir este proceso por parte de Fiscalía, puedan ejercer su derecho de defensa”.

Guerra Ochoa añadió que como Congreso, no prejuzgan sobre si tienen responsabilidad Gerardo Vargas o Genaro García responsabilidad en los señalamientos que les hace Fiscalía, simplemente, agregó, la Legislatura “es un medio que hace, precisamente esta remoción de inmunidad y decir, bueno, los derechos están a salvo y en el momento que cierren esta carpeta y en caso de que fueran absueltos, ellos recuperan todos sus derechos”.

Gerardo Vargas Landeros y Genaro García Castro fueron señalados por la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades administrativas al asignar sin licitación, la adquisición de un lote de patrullas con un valor de 176 millones de pesos a una sola empresa al inicio de la administración municipal de Vargas Landeros en el año 2021, en la que García Castro fungía como secretario del Ayuntamiento.

Al considerar que se podría haber incurrido en la comisión de un delito, la Auditoría Superior del Estado remitió el expediente a la Fiscalía del Estado para su investigación penal, por lo que se requería de que a los ahora exservidores públicos se les retirara el fuero constitucional, lo que se realizó la madrugada de este viernes.