Control de daños

El saldo del juicio en la Corte de Brooklyn contra García Luna tiene más daños colaterales de lo que se advierte. Los más evidentes atañen al ex presidente Calderón y al PAN. Los dos tienen distintas razones y circunstancias ante el daño ocasionado. Calderón desde España ha dado la cara y aunque refiere a la insuficiencia de pruebas contundentes y convincentes por parte de la fiscalía, dice respetar las decisiones de los tribunales cuando se dan conforme a derecho, como fue el caso. 

La preocupación fundamental de Felipe Calderón es el pasado, esto es, reivindicar lo que se hizo durante su gobierno, particularmente en materia de seguridad pública. Para el PAN lo que preocupa es el futuro, que la condena pudiera afectarle como la organización política más relevante de la oposición. Calderón tiene poco que perder, el PAN mucho. Es cierto que Calderón es objeto de persecución y que el juicio contra García Luna fue una oportunidad aprovechada en su perjuicio, pero los resultados de su gestión allí están. Tiene razón el presidente López Obrador en eso de que la DEA y el gobierno norteamericano deben una explicación, ellos acreditaron, reconocieron y avalaron con creces al funcionario ahora en desgracia.

Es una paradoja que al momento mismo en el que una Corte en EU condena al responsable de seguridad pública de Calderón por sus vínculos con el crimen organizado, allí mismo se ofrezcan testimonios de personas conocedoras del tema como es el procurador en tiempos de Trump William Barr, quien afirma que fue el gobierno de Calderón el que combatió con mayor determinación al crimen. Una narrativa contradictoria, pero el tema para las autoridades, legisladores y medios de comunicación no es el pasado, sino el presente.  

El presidente López Obrador vio en el juicio contra García Luna un recurso singular para desacreditar a Felipe Calderón. Tuvo éxito, más con la sentencia. Lo que no midió bien el mandatario es que el objetivo de los vecinos es influir en su gobierno, no reescribir la historia. Son muchos los testimonios y vienen de muchas partes los que rechazan la manera como México está enfrentando al crimen vinculado al narcotráfico. Lo más preocupante no son los legisladores, ni siquiera del poderoso comité de asuntos exteriores presidido por el influyente senador Bob Menéndez. Lo que importa es lo que piense y hagan la DEA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Hay insatisfacción y la presión se centra en tres objetivos: compartir información, atacar los laboratorios que procesan el fentanilo y la extradición de narcotraficantes mexicanos.

En las exigencias de las autoridades y agencias norteamericanas no figura que México someta a proceso judicial a los narcotraficantes. Esto es, no hay una demanda para que opere el sistema de justicia mexicana como medio para abatir la impunidad y de esta manera inhibir al crimen. En otras palabras, se pretende que México haga las detenciones y que los criminales sean juzgados en tribunales de EU, con el agravante de que los beneficios procesales derivados de la información que proveen les da la libertad y desde esa precaria condición se vuelvan colaboradores de la fiscalía para emprenderla contra futuros funcionarios, justo lo que ocurrió en el juicio contra García Luna.

Aunque para la mayoría de los mexicanos García Luna es culpable, con o sin juicio, con o sin testimonios o pruebas convincentes, el ex presidente Calderón se ve en la necesidad de dar respuesta en términos tales que no signifiquen reconocer la responsabilidad de García Luna, de quien no se sabe, todavía, si buscaría en lo sucesivo beneficios de la fiscalía a cambio de información. Por lo mismo, el presidente no puede exponerse a un testimonio que le incrimine, porque allá esto es prueba suficiente para condenar al acusado.

El PAN debió presentar una postura oportuna y firme. El mensaje debió ser un pronunciamiento para acabar con la impunidad en todas sus expresiones; lamentar que sean acciones legales del país vecino y no las propias las que lleven a la justicia a presuntos criminales. Reiterar el principio de la igualdad de todos frente a la ley, al margen de la parcialidad y de la politización de la justicia. No ocurrió así y en el pecado lleva la penitencia.