Acusan a Alcaldesa de Salvador Alvarado de cobros irregulares a empresas

CULIACÁN, Sin., 3 de julio de 2026.- La administración municipal de Salvador Alvarado, encabezada por la alcaldesa Guadalupe López González, enfrenta denuncias por presuntas prácticas de extorsión y cobros indebidos dirigidos a compañías del sector de las telecomunicaciones, entre ellas Telmex, Megacable y Totalplay.

De acuerdo con la información difundida, las empresas se han negado a realizar los pagos que presuntamente les fueron solicitados, situación que derivó en la imposición de sanciones económicas cuyo monto acumulado rebasaría los mil 500 millones de pesos.

Las acusaciones también señalan a Pedro Molineros Urías, identificado como asesor de la Presidenta Municipal, de intervenir en las negociaciones con las compañías, ofreciendo disminuir las multas entre un 60 y un 70 por ciento, mecanismo que, según los denunciantes, formaría parte de un esquema de presión para obtener recursos.

Las empresas involucradas ya promovieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que solicitaron investigar la legalidad de los cobros, además de los daños que presuntamente fueron ocasionados a su infraestructura.

Entre los señalamientos también se asegura que personal del Ayuntamiento habría realizado cortes de cableado perteneciente a las redes de telecomunicaciones, provocando interrupciones en los servicios de internet y comunicación para usuarios del municipio.

Los denunciantes sostienen que existe una diferencia considerable entre las sanciones previstas en la reglamentación municipal para obras sin autorización (60 mil pesos) y las cantidades que presuntamente se exigen por instalaciones de cableado (410 mil pesos por cada coordenada), lo que consideran un procedimiento irregular.

También afirman que durante las inspecciones se habrían presentado diversas anomalías administrativas, entre ellas verificaciones sin la presencia de representantes de las empresas, deficiencias en las notificaciones, limitaciones al derecho de audiencia y obstáculos para aportar pruebas.

Respecto al sustento jurídico de estas acciones, los denunciantes argumentan que el Ayuntamiento carece de facultades para regular o sancionar infraestructura de telecomunicaciones instalada sobre bienes sujetos a competencia federal, al señalar que esa atribución corresponde exclusivamente a la Federación.

Añaden que existen criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que previamente han dejado sin efecto cobros municipales aplicados a empresas de telecomunicaciones que utilizan infraestructura federal, al considerar que los municipios no tienen competencia sobre ese tipo de instalaciones.

En el ámbito legislativo, el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para investigar las presuntas irregularidades.

Exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a las autoridades reguladoras del sector a revisar el caso, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y la protección de la infraestructura estratégica.