Acude CEDH a la Laguna Colorada tras denuncias de abuso de autoridad

CULIACÁN, Sin., 15 de octubre de 2026.- Habitantes de la comunidad de la Laguna Colorada, al suroriente de Culiacán, denunciaron presuntas irregularidades y abusos de autoridad durante un operativo federal en el que fueron detenidas dos mujeres, madre e hija, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Los pobladores señalaron que los agentes ingresaron a los domicilios sin mostrar inicialmente una orden de cateo y acusaron que durante las diligencias fueron sustraídos artículos personales, objetos de valor y dinero, además de que presuntamente amenazaron a menores de edad.

Ante la situación, habitantes y familiares de las mujeres detenidas intervinieron durante algunos minutos y formaron una malla humana para tratar de impedir que los agentes se llevaran detenidas a las dos mujeres.

La acción generó momentos de tensión mientras los pobladores exigían explicaciones sobre el procedimiento y las razones de las detenciones.

Al lugar acudió el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, acompañado del Director de Quejas del organismo, luego de recibir una llamada de familiares que reportaron posibles violaciones a los derechos humanos.

El ombudsman explicó que acudió para escuchar directamente a la mujer detenida sobre el trato que recibió y conocer los señalamientos de sus familiares.

Indicó que, durante su intervención, la mujer manifestó que no había sufrido lesiones ni agresiones físicas.

Loza Ochoa señaló que, de acuerdo con lo que pudo constatar durante su presencia en el sitio, las autoridades realizaban una diligencia respaldada por una orden de cateo autorizada por un juez.

Sin embargo, los familiares insistieron en que al inicio del procedimiento no se les había mostrado el documento y cuestionaron el aseguramiento de sus pertenencias.

Entre los objetos que, según los señalamientos, fueron asegurados, se encuentran teléfonos celulares y una tableta electrónica.

El presidente de la CEDH explicó que las autoridades argumentaron que estos artículos podrían contener información de interés para el Ministerio Público, instancia que deberá determinar si tienen relación con algún posible delito.

Ante las inconformidades, Loza Ochoa invitó a los afectados a presentar una queja ante la comisión estatal para que sea remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a la participación de autoridades federales.

También indicó que el organismo dará seguimiento al caso para que se investiguen las posibles irregularidades y se determine si hubo actuaciones contrarias a los derechos humanos.

Mientras tanto, los habitantes y familiares exigieron que se les permitiera verificar las condiciones en que se encontraban las mujeres y tener acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de los inmuebles asegurados.