Indicador Político

Represión 1965-1990: fue el Estado priísta; que no se olvide

Por Carlos Ramírez

Las alternancias partidistas en la presidencia de la República no se habían atrevido a entrarle de lleno y de frente al gran pasivo político del régimen de Gobierno priista: el Estado autoritario. La próxima reunión de la Comisión de la Verdad será el marco para fijar tres criterios institucionales: el reconocimiento de la represión, la reconciliación nacional y la vigencia de la memoria histórica.

Las revisiones que se han hecho hasta ahora en el seno de la Comisión de la Verdad –título resumido para indagar la represión de 1965 a 1990–podrían haber llegado a un punto de coincidencia que significaría una salida de ese callejón oscuro a que han llegado organizaciones similares en otros países: la acreditación de la responsabilidad del abuso de la fuerza institucional.

En este sentido, uno de los enfoques que ha tomado fuerza el interior del grupo plural de la Comisión se plantearía en pocas palabras: fue el Estado el responsable de optar por el uso de la fuerza ante expresiones irregulares y no institucionales de demanda despacio democratizadores.

La acreditación del espacio histórico de investigación puede también sintetizar lo ocurrido en el país en la tensión dinámica de autoritarismo/democracia: los gobiernos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo aparecen como titulares de las fases autoritarias del Estado, en tanto que los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari eludieron cualquier intento de revisión de los abusos de la fuerza institucional del Estado ante las movilizaciones sociales a favor de la democracia.

Los intentos para superar esa experiencia autoritaria y represiva del Estado no dieron los resultados esperados: la reforma política de 1977-1978 legalizó el Partido Comunista Mexicano que sintetizó la persecución represiva, pero los militantes institucionalizados de esta organización no pudieron construir una revisión del pasado.

La Fiscalía creada por el presidente Fox para investigar represiones del pasado tampoco logró consolidar una voluntad generalizada para llegar a algún tipo de conclusiones y sus resultados se desviaron por la falta de un compromiso real de Fox, del PAN y del PRI que condicionó su apoyo al ciclo panista con el mantenimiento cerrado de los expedientes de la represión del pasado.

La Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico que formalizó el presidente López Obrador con el decreto del 6 de octubre del 2021 dará resultados inesperados: una fase de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el uso de la represión para no atender los reclamos democratizadores y la aceptación de que se trató de una represión de Estado.

El Ejército ha querido ser centrado como responsable de la represión, pero se olvida que México vivió en ese periodo de endurecimiento político un régimen presidencialista y la responsabilidad de la movilización de los cuerpos de seguridad le correspondió al presidente de la República, a la debilidad institucional del Congreso para vigilar y a la subordinación del Poder Judicial al mando presidencialista.

El sentido de la Comisión de la Verdad se basa en tres criterios fundamentales: el reconocimiento al abuso de la fuerza, la aceptación de la responsabilidad del Estado y la reconciliación que tendría que ver con el reconocimiento a que los organismos de seguridad también fueron víctimas del abuso de fuerza por los más de 40 militares muertos en acción y más de 40 heridos.

La oportunidad para la reconciliación es única por la coyuntura política: la oposición radical que fue reprimida en el pasado forma parte de la coalición de Gobierno y han aceptado las reglas de la institucionalización y el Ejército ha reconocido su participación en función de las estructuras de mando presidencialista. La próxima reunión pública mostrará este espacio político de reconciliación propiciado por el presidente López Obrador, en su triple condición de jefe de Estado, exmiembro del régimen priista y disidente dentro del sistema en la conquista de espacios de democratización.

La vuelta de hoja al expediente del pasado represivo del PRI no debe olvidar que los abusos de poder y de fuerza son producto de la falta de equilibrio democrático y debe ser oportunidad para dar el paso adelante que se requiere para construir un régimen que no sea solo democrático-procedimental, sino que construya una verdadera República de leyes e instituciones.

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