Miscelánea, salud y política

Disociación y narcopolítica

Ahora no se reprime al pueblo, no se
ordenan masacres, no hay tortura, no se
desaparece a nadie, no se tolera la violación
a los Derechos Humanos y tampoco existe un
narcoestado: AMLO, 5o. Informe de
Gobierno

Las promesas de un México con pensiones al 100% del sueldo; un poder adquisitivo del
salario mínimo que no se rezague respecto a la inflación; hacer constitucionales las
becas para Jóvenes Construyendo el Futuro; establecer que los magistrados sean electos
por el pueblo, son algunas de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López
Obrador presentará el próximo 5 de febrero, en el show mediático que ha montado
para quitarle el foco a la conmemoración constitucional.
Todo lo anterior, pese a no contar con la votación necesaria de dos terceras partes de
los miembros del Congreso de la Unión –Cámaras de diputados y senadores– para
aprobar las reformas constitucionales del llamado Plan “C” que impulsa la Cuarta
Transformación. Se trata de propaganda electoral. Son aspiraciones a las que no se
opondrían los trabajadores del mundo, lástima que ningún país del orbe pueda dar
pensiones del 100% del salario. Están disociadas de nuestra realidad económica
imperante.
A sólo 16 semanas de las elecciones del 2 de junio de 2024, arrecia el uso y abuso del
poder presidencial en acciones de campaña electoral para favorecer a Morena rumbo al
2024, y en ese contexto el hábil mandatario anunció con bombo y platillo que rompería
con la visita tradicional del presidente de la República al Teatro de la República de
Querétaro para conmemorar el 117 aniversario de la Constitución vigente.
Debido al gasto excesivo en megaobras y prestaciones sociales como las pensiones para
todos los adultos mayores, México actualmente enfrenta grandes problemas
estructurales y económicos, el gobierno de AMLO presenta cifras récord en déficit (3.9%
del PIB) y el más alto endeudamiento externo en la historia (del 19.4% de los ingresos
presupuestarios), cuando al inicio de este gobierno era apenas del 9.5%.
(revistaasesores.com.mx)
Ahora resulta que a sólo 243 días de que concluya su mandato el jefe de Estado ávido de
mantenerse como el gran Tlatoani aumenta el uso del poder presidencial para hacer
proselitismo a favor de su movimiento, y cobra vida su casi fantasmal Fiscalía General de

la República para no dejar impune el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, crimen
de Estado cometido hace casi 30 años.
Pese a que el joven político Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, se dirigió
respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, apelando a su
“compasión” para pedirle que mejor indulte a Mario Aburto, ponga carpetazo final a
este asunto y “permita que tanto mi familia como México sanemos”.
La respuesta presidencial fue bajo el argumento de que “es importante que no haya
impunidad”… ningún crimen se debe permitir, pero este es un asunto de Estado. Los
crímenes de Estado nunca se aclaran…pero no podemos darle vuelta a la hoja”.
Sólo faltó que AMLO le contestara no se trata de hacer justicia, si el propósito fuera
noble habría ordenado reabrir la investigación del caso en 2018 cuando recién tomó
posesión. No, este asunto clásico de temporada zopilotera será usado con los propósitos
que convengan a su causa. Y aunque se hubiera comprometido desde el principio, ya
ven lo que ocurrió con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que
prometió esclarecer.
La aclaración y el juicio a los presuntos culpables se malogró cuando el Grupo
Internacional de Expertos y la Comisión de la Verdad llegaron a reclamar información al
Ejército, unas páginas faltantes del archivo proporcionado, en la que supuestamente se
involucraba a uniformados verde olivo en las desapariciones. A los ocho militares
detenidos hasta ahora se les siguen juicios en libertad.
Lo contradictorio de tratar de resolver un magnicidio a casi tres décadas de ocurrido,
luego de tres fiscalías fallidas, se debe a que a este gobierno le sobran casos que
esclarecer debido a los más de 178 mil homicidios y más de 110 mil desapariciones
ocurridas en del periodo de gobierno de AMLO, cantidad de casos sin precedente en la
historia del país.
La interrogante sin respuesta es por qué mantener una política de seguridad pública
fracasada, de “abrazos no balazos”. Esta ineficiencia se refleja en todas las evaluaciones
internacionales, como fue el reciente Examen Periódico Universal de países de la ONU,
en el que más de un centenar de naciones coincidieron en que México ha incumplido
sustantivamente al no acatar las 262 resoluciones emitidas con antelación por este
mecanismo y por tanto es persistente la crisis de derechos humanos que afecta al país.
Al respecto, el Informe del colectivo nacional EPUMX expone cómo el avance de la
militarización y el deterioro del espacio cívico y de órganos autónomos han debilitado el
Estado de derecho. https://centroprodh.org.mx/wp-
content/uploads/2023/11/InformeGeneral.pdf
El llamado de países miembros de la ONU y cientos de organizaciones de la sociedad
civil a los cuales la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha

hecho oídos sordos es para que el gobierno inicie la desmilitarización de la seguridad
pública, frene las graves violaciones a los derechos humanos, las desapariciones,
ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como el clima de impunidad en que ocurren,
entre otros.
Por si esto no bastara, ayer el gobierno del presidente fue puesto bajo sospecha de
operar como Narcoestado, con alianzas con el crimen organizado, según denuncias de
periodistas en medios estadunidenses que acusan a López Obrador de haber recibido a
través de sus operadores de campaña en 2006 dos millones de dólares del Cártel de
Sinaloa. En su conferencia mañanera de este miércoles 31 de enero, AMLO calificó de
calumniosas tales acusaciones y pidió al Departamento de Estado de los Estados Unidos
pronunciarse al respecto.
La periodista mexicana Anabel Hernández, especialista en el tema, sostuvo en varios
medios informativos que de acuerdo a sus investigaciones la Fiscalía Federal del Distrito
Sur de Nueva York y la agencia antidrogas Estadunidense DEA, tenían pruebas sólidas de
que el Cártel de Sinaloa aportó entre dos y cuatro millones de dólares a la campaña de
López Obrador en 2006. Y reveló que el gobierno estadunidense ha querido mantener
esto en sigilo para evitar ser acusado de intromisión.
Las omisiones en derechos humanos por parte del gobierno de AMLO hablan de
incumplimiento de los deberes contraídos, pero las acusaciones de financiamiento
electoral por parte de grupos de la delincuencia organizada deben ser investigadas,
esclarecidas, sancionadas y proscritas.
La ola de violencia que padece el país hace prioritario atender estas acusaciones antes
de que arranque el periodo oficial de campañas electorales el próximo 1 de marzo, y los
funcionarios electorales –por cierto, no idóneos por incumplimiento de la ley y ser
nombrados solo por Guadalupe Taddei– sean rebasados por las múltiples denuncias.
Evitemos el caos.
Ya hemos visto lo que hace la ineptitud en áreas estratégicas como fue el manejo de
datos personales en Internet de la fuente de prensa presidencial, éstos han sido
expuestos dejando vulnerables a los informadores y sus familias frente a los
ciberdelincuentes, supuestamente porque se usó la contraseña de un extrabajador.
¿Cómo es que no se dio de baja? ¿Quién custodia estos y otros datos confidenciales en
Presidencia?
Ya otras plataformas digitales han sido vulneradas por hackers, como fue el caso de la
Secretaría de la Defensa Nacional –Sedena– con Guacamaya Leaks. Los expertos
coinciden en que buena parte de la inseguridad está en nombrar funcionarios afines al
poder por encima de sus capacidades profesionales, la fórmula obradorista 90%/10% ha
probado ser un grave error.