Fiscalización superior ante la prevención de desastres

La fuerza de la naturaleza se hizo sentir a principios del año 2024 en
Japón; un sismo de 7.6 grados generó daños principalmente en la
región de Ishikawa. Al momento de escribir estas líneas,
desgraciadamente, la cifra de fallecidos era ya de 55 personas. Por
si fuera poco, se activó la alerta por tsunami, razón por la cual
fueron evacuadas más de 5 mil personas a zonas altas a fin de
evitar más pérdidas humanas.

Japón se ha distinguido por adaptar sus construcciones para
hacerlas resistentes ante los embates telúricos, y la población tiene
una gran cultura de protección civil, debido a que son una zona
altamente sísmica, ubicada en el llamado cinturón del fuego del
Pacífico (región de la cual también forma parte México, por cierto).

Podemos pensar que Japón está mejor preparado que otros países
donde los desastres naturales han dejado resultados aún más
trágicos, con miles de muertes como saldo, como los de Siria,
Turquía y Marruecos del pasado reciente o la inundación en Libia.
Estos países no tienen desarrollado un sistema de alerta temprana,
por lo que la evacuación de los inmuebles se dio justo en el
momento en que el suelo se estremecía, además de que (también a
diferencia de Japón), la arquitectura de los inmuebles no estaba
diseñada para aminorar el impacto de un evento sísmico.

En México hemos sufrido los embates de sismos en muchas
ocasiones; quizá la más recordada por las pérdidas humanas y los
daños ocasionados sea el terremoto de 1985, aunque el de
septiembre de 2017 fue especialmente traumático para varias
comunidades y hogares particularmente en el Istmo de
Tehuantepec, en Oaxaca. Es indudable que, los últimos cuarenta
años, la cultura de la prevención civil ha avanzado en nuestro país;
hoy contamos con un sistema de alerta sólido, planes de
evacuación, así como la práctica de simulacros, para que todas las
personas sepan qué hacer en caso de un evento de esa naturaleza,
las técnicas de construcción han mejorado y el impacto ha sido muy
inferior a lo que pasó en 1985.

De acuerdo con información disponibles, 10 entidades federativas
concentran el 98 por ciento de los daños por sismos (explicable por
sus condiciones geológicas y estructurales debido a sus niveles de
pobreza). En el caso del terremoto del 19 de septiembre de 2017,
las aseguradoras contabilizaron los daños en 1,449 millones de
dólares, lo que nos recuerda que, además de las vidas humanas, los
desastres causan daños profundos a la economía, lo que también
afecta el sostén de innumerables familias. Por otra parte, el año
pasado, las tormentas eléctricas ocuparon el primer lugar en los
daños causados en el mundo, con un costo aproximado de 100 mil
millones de dólares es la primera vez que estos fenómenos
meteorológicos ocupan el primer lugar, probablemente debido a
los efectos del cambio climático (a mayor abundamiento, cabe
resaltar que los costos por daños tienen 30 años aumentando
progresivamente).

En este contexto, es importante recordar que en el año 2022 se
presentó la iniciativa “Alertas Tempranas para todos” en el Caribe.
Esto fue en el marco de la 27° Conferencia sobre el Cambio
Climático, y estimó una inversión inicial requerida de
aproximadamente 3,100 millones de dólares para establecer
sistemas de alerta temprana entre 2023 y 2027. Este sistema busca
la reducción de riesgos de desastres, incluyendo modelos de alerta
sísmica, monitoreo de volcanes activos, de ciclones tropicales,
tsunamis, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos
potencialmente catastróficos.
Por último y de manera esencial, ante los desastres naturales, la
labor de fiscalización es particularmente relevante, tarea que
asume la OLACEFS a través del Grupo de Trabajo de Fiscalización de
Desastres que preside la ASF.
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