Junta de Gobierno de la UNAM: algo huele mal en Dinamarca

La Junta de Gobierno de la UNAM siempre ha decidido
quién será el nuevo rector atendiendo a la circunstancia
nacional.
La UNAM es un centro político y neurálgico en nuestro país.
De muchas formas la UNAM representa un frente
sumamente importante en la defensa de los principios de
México, desde los constitucionales hasta los de carácter
democrático.
Al designar un nuevo rector la Junta de Gobierno de la
UNAM no puede convertir el proceso en una sucia guerra
de pandilla. Permitir que ello ocurra representaría una
degradación de su condición de ser una parte fundamental
de la conciencia nacional.
Dejar en la lista de posibles a Sergio Alcocer despertó un
sinnúmero de sospechas de que no existe piso parejo en la
elección del nuevo rector de la UNAM.
Desde el inicio de la auscultación universitaria, llamó la
atención que seis integrantes del staff del rector: Leonardo
Lomelí, Patricia Dávila, William Lee, Luis Álvarez Icaza,
Imanol Ordorika y Guadalupe Valencia, se inscribieran al
proceso y participaran sin dejar sus cargos. Pensar que la
mitad del equipo de Graue coincidió en la aspiración y se

animó a competir sin el permiso, o el aliento de su jefe,
sería una ingenuidad.
Cuando la Junta de Gobierno hizo su primer corte y dejó
vivos a los seis colaboradores de Graue, elevó al 60 el
porcentaje de candidatos del rector.
Lo más grave es que la Junta de Gobierno fue confeccionada
con la mano de la rectoría. Y es que se torna una torpe
actitud si se considera que 14 de los 15 integrantes del
“grupo de notables” fueron electos al cargo durante la
época Graue, la sospecha de que la existencia de una
conducta mafiosa por la pandilla que obedece al actual
Rector creció.
Se empezó a decir en grupos de universitarios de
personalidad académica muy respetable que “algo estaba
oliendo mal en Dinamarca.”
A estas alturas es evidente que los miembros de la Junta de
Gobierno de la UNAM, o no saben cuál es su papel ni el
tamaño de su responsabilidad, o definitivamente han
sucumbido al juego de las camarillas.
La Junta existe para abonar a la gobernabilidad de la
Universidad evitando cualquier injerencia, incluida la del
rector en turno, que privilegie intereses políticos o de
grupo, en el proceso de selección de las autoridades
universitarias; la máxima autoridad universitaria es el
Rector.

La Junta de Gobierno sirve justo para equilibrar el poder y
frenar la influencia del Rector, no para ser obsequiosa con
él, como ha sido en el actual proceso.

Avalar el juego de intereses de grupo que promueve Graue,
abonará a dinamitar la dañada gobernabilidad de la UNAM,
que hoy tiene a más de 100 mil universitarios sin clases
presenciales por tomas y paros, mientras el equipo del
rector está en campaña.

Eso no es todo. Si la Junta acaba de respaldar el
continuismo del grupo que actualmente controla la
institución desde la rectoría, ignorará las advertencias del
presidente López Obrador.

Eso llevará a la institución a un inevitable choque con la 4T,
que podría implicar, de entrada, una reforma a la Ley
Orgánica de la UNAM para eliminar a la propia Junta de
Gobierno, y establecer la elección del rector por medio del
voto directo, universal y secreto, tal como le gusta a la 4T y
como AMLO y Claudia Sheinbaum lo proponen para la
Suprema Corte y el INE.