Buscan en Hidalgo reabrir proceso contra exrector de la UAEH
CULIACÁN, Sin., 1 de septiembre de 2023.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) emitió la Recomendación General 1/2023 con el propósito de proponer a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para que, en el ámbito de sus competencias promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que se traduzcan en una mejor protección de los derechos humanos, dada la situación que prevalece en Sinaloa respecto a las deficiencias de los Tribunales de Barandilla.
Según un comunicado de prensa, se informó que este organismo público autónomo realizó un análisis lógico jurídico de la situación que prevalece en la entidad respecto a los Tribunales de Barandilla, documentando con informes solicitados a las presidencias municipales y con visitas realizadas por personal de esta CEDH a los Tribunales de Barandilla de los dieciocho municipios.
También se tomaron en cuenta las recomendaciones emitidas, donde se advirtió que en Sinaloa prevalece una situación generalizada que trasgrede derechos humanos, particularmente los derechos a recibir un trato digno, a una alimentación adecuada, a la integridad física y seguridad personal, a la protección de la salud, a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la vida, lo que va en contravención al deber de todas las instituciones públicas, desde sus respectivos ámbitos de competencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y por la legislación especializada emanada de los poderes legislativos en el país.
Es preciso señalar que del año 2011 al año 2022, la CEDH Sinaloa recibió un total de 80 quejas en las cuales se señala como autoridad responsable al Tribunal de Barandilla de los municipios que conforman esta entidad federativa, siendo Culiacán y Mazatlán, los de mayor número de señalamientos, con 30 y 25 quejas, respectivamente.
De igual manera, este Organismo Constitucional Autónomo ha emitido 50 Recomendaciones, del 2011 al 2022, en las cuales quedó acreditada la violación a los derechos humanos de personas detenidas en Tribunales de Barandilla, destacando que, de estas, 22 fueron dirigidas al Juzgado de Mazatlán y ocho al Tribunal de Barandilla de Culiacán.
En las principales violaciones a los derechos humanos identificadas en estas resoluciones encontramos que, no se realiza certificación médica; no hay médico adscrito al Tribunal de Barandilla; ha habido retención ilegal; adolescentes son ingresados a celdas para adultos y con adultos; no se realiza procedimiento administrativo y no se emite resolución fundada y motivada, y han fallecido personas infractoras dentro de las áreas de detención del Tribunal de Barandilla.
Por lo anterior y otras faltas, se recomienda que se realice un diagnóstico que permita conocer la situación actual de los Tribunales de Barandilla del estado y se lleven a cabo las adecuaciones legislativas, reglamentarias y presupuestarias para transitar hacia la justicia cívica.
Se realicen capacitaciones sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias al personal correspondiente de cada Tribunal de Barandilla, además de realizar las adecuaciones necesarias a fin de que se cuente con una sala de audiencia con espacios para el público y área médica con personal calificado.
Que se lleve a cabo un programa de difusión sobre el funcionamiento e impartición de la justicia cívica y que las áreas de arresto correspondiente a cada municipio, cuente con áreas específicas para mujeres y hombres, así como para que cuenten con baño, plancha para dormir, ventilación e iluminación.
Además de eso que tengan instalaciones adecuadas para la estancia de adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, separadas de las áreas de arresto.
Se cuente con un directorio de peritos traductores al servicio de los Tribunales de Barandilla y se garantice que todas las personas privadas de la libertad en cumplimiento de sanciones administrativas reciban alimentos en un horario establecido.
También deberán garantizar la seguridad e integridad de las personas que cumplen una sanción de arresto, del personal que labora en dichas instituciones y de visitas.
Los trabajadores de los Tribunales de Barandilla deberán ser capacitados en materia de derechos humanos y prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que contemplen los temas del uso de la fuerza y manejo de conflictos.
Así mismo se deberán de emitir Reglamentos Internos y Manuales de Procedimientos independientes a los Bandos de Policía y Gobierno y contar con Protocolos de Actuación con Perspectiva de Género y Protocolos de Actuación en caso de que la persona presunta infractora forme parte de la comunidad LGBTQI.
Además de que se realicen inspecciones y en caso de que se encuentren irregularidades se realicen procedimientos administrativos en los que se garanticen las formalidades esenciales del procedimiento y se emitan resoluciones debidamente fundadas y motivadas, que sustenten las sanciones que imponen con motivo de infracciones administrativas.