Engañosa representatividad en la iniciativa

Es muy probable que la oposición rechazará la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador en materia electoral. Por lo pronto es impensable elegir autoridades y magistrados electorales mediante voto popular, además es más importante la eficacia y confiabilidad del órgano electoral que la reducción del gasto. Hay otros aspectos de interés como el modelo comunicacional, el uso de voto electrónico. Sin, embargo, lo más importante es el tema de integración de las Cámaras.

Debe decirse que la integración de un poder es un tema político, no electoral. Es una cuestión de remodelar la funcionalidad del sistema político nacional, no de cómo contar mejor los votos. Desde los diputados de partido, que se remontan a los tiempos de López Mateos y, con mayor claridad, a los de López Portillo con la reforma de Jesús Reyes Heroles, el sistema de representación de la Cámara de Diputados fue el mixto, esto es, diputados electos en distritos por mayoría relativa y un bloque de diputados electos por lista y de representación proporcional.

Cuando López Obrador habló de desaparecer los diputados plurinominales se pensó que sólo quedarían los 300 diputados electos por distrito, propuesta inaceptable por los efectos de sobrerrepresentación; más si también se elimina a los 32 senadores electos por representación proporcional.

Muy original y en apariencia un avance la propuesta del presidente de que los 300 diputados y los tres senadores por entidad sean electos de manera proporcional. La decisión es punto de quiebre al desaparecer el sistema mixto y recoge una demanda de la izquierda histórica. Sin embargo, es engañosa, no es cierto lo que se presentó en la síntesis que dice: “Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá”.

Es falso que sea una fórmula de integración consecuente con la pluralidad del país porque los partidos no tendrán los diputados o senadores de acuerdo con el porcentaje nacional de votos. La propuesta genera sobrerrepresentación, beneficia a los partidos mayores y afecta considerablemente a los partidos pequeños. Así un partido que en todos los estados alcanzara 15% de los votos en el régimen actual tendría 30 diputados, en lo que se propone no tendría uno solo.

La oposición debería tomarle la palabra a López Obrador y contraponer la auténtica representación pura para igualar porcentaje de votos nacional, y no por entidad, con proporción de diputados y senadores. Seguramente él replicaría que la reforma va en su conjunto y no por partes, pero se trata de posicionar los temas de interés del país y la mejora del sistema de representación. Una postura irreductible por parte de la oposición de rechazo anticipado de la iniciativa es igualarse a lo que se repudia: la intransigencia y la indisposición para acordar. Debe ser pacto del bloque opositor y también de Movimiento Ciudadano; es decir, que el entendimiento sea incluyente y no por partes, como maliciosamente intentó López Obrador en ocasión de la reforma eléctrica.

Desde luego que hay temas en la iniciativa inaceptables, pero todo esquema de negociación parte de una propuesta para llegar a otro proyecto derivado de un acuerdo consensuado. Una reforma política y también una de corte electoral deben ser resultado del acuerdo entre la totalidad de las fuerzas políticas. Se dirá que la actitud del presidente hace imposible la negociación y, por lo mismo, una reforma así. Seguramente, es el caso, pero no se trata de lo que él quiere y está dispuesto, sino de lo que el país y el sistema político y electoral requieren. Modificar la integración de Cámaras es un tema no de disminución de costo, sino de mejorar la representatividad del poder legislativo nacional, y la propuesta presidencial va en tal sentido.

Posiblemente la reforma no prosperará si hay prisa y no mecanismos y procedimientos de negociación y disposición de las partes para el entendimiento. Relevante el papel que tiene el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y su condición de interlocutor con las fuerzas políticas, los poderes públicos y los sectores sociales. La oposición deberá pensárselo bien y actuar en consecuencia y con sentido de responsabilidad, más allá de la precaria credibilidad de la contraparte. Finalmente, la reforma no se resolvería con encuestas, opiniones o acuerdos en la penumbra, sino con el voto de los legisladores y el aval de las fuerzas políticas.