Indicador político
No es propio que el sacerdote Alejandro Solalinde sea quien anuncie un cambio del gobierno en el trato a los migrantes a partir de la tragedia en el centro de detención de Ciudad Juárez. Los hechos dramáticos dejan expuesto al país y a las autoridades en dos aspectos centrales de la migración: la política gubernamental mexicana sometida a las necesidades políticas y electorales del vecino al norte y el inhumano trato del país a los migrantes deportados o a quienes llegan a territorio nacional en espera de alcanzar su destino final: EU o Canadá.
El gobierno de Trump o de Biden por igual ven en México la solución a un fenómeno sumamente complejo que excede la capacidad del país huésped de atenderlo en términos razonables. De por medio hay un problema humanitario que ninguno de ellos dos ha tenido la capacidad de atender y resolver, en su lugar han optado por presionar de mala o buena manera al presidente López Obrador bajo dos ficciones: la migración se puede detener y EU puede transitar venturosamente al futuro sin migrantes.
Sería encomiable que lo anticipado por Solalinde cobrara realidad. Representaría una solución a parte del problema, con una respuesta de México en términos de respeto a la dignidad de los migrantes, un trato humanitario y no represivo. Sin embargo, hacerlo implica no sólo un cambio radical de la política migratoria y seguridad fronteriza, también requiere de una inversión cuantiosa en albergues a la altura del problema y fórmulas de inserción en la economía nacional o, en su caso, repatriación. La solución compete también a los países de origen y destino del migrante, sobre todo, si hay de por medio deportación. La magnitud del desafío hace recomendable la presencia de una entidad u organismo multinacional que aborde los derechos humanos y la inversión pública para una respuesta al problema más allá de lo temporal y de la urgencia.
El INAMI ha sido superado por mucho por la gravedad del problema; sin embargo, el trato indebido a los migrantes se debe a la política migratoria condescendiente, a la medida del interés del gobierno de EU. Es resultado de la pésima negociación de la cancillería, como exhibió Mike Pompeo, ex secretario de Estado con Trump y ratificó la ex embajadora de México en EU, Martha Bárcena. La realidad es que se ha actuado en términos de simulación y de sometimiento con Trump o Biden. En la pasada visita, el mandatario demócrata agradeció que el gobierno de México accediera a recibir 30 mil migrantes mensuales deportados de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití.
El uso del territorio nacional para resolver ficticiamente el problema migratorio del vecino ha ocurrido a lo largo del sexenio. Desde un principio no sólo hubo sometimiento, sino que se dio una respuesta esencialmente represiva al migrante, a imagen y semejanza de lo que hace EU, además de diluir la autoridad de la Secretaría de Gobernación, y propiciar la marginal actuación de la CNDH y el protagonismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo una falsa impostura de defensa del interés nacional.
De ser realidad el anuncio del padre Solalinde, debe reconocerse la necesaria presencia de la Guardia Nacional; las instituciones de seguridad del Estado deben actuar contra el crimen organizado en el tráfico de personas. La intervención de policías no implica criminalizar al migrante y sí aplicar toda la fuerza del Estado a quienes se benefician de la situación y exponen a la muerte y abandono a miles de personas y familias.
Como quiera que sea, con o sin Solalinde, es importante un cambio en la política migratoria y en el trato que se da al migrante en el territorio nacional. Evidente es el replanteamiento con las autoridades norteamericanas de deportar a México cientos de miles de migrantes si no está acompañado de un acuerdo que conlleve la debida atención en el país y su eventual traslado al país de origen o al de destino. Por otra parte, las autoridades mexicanas deben poner por delante el respeto irrestricto a los derechos humanos. El drama humano de por medio requiere de sensibilidad, realismo y de una atención multilatera