Indicador político

Apagan debate sobre militarización: seguridad va al ámbito civil con CSP

Las recientes reformas al artículo 21 constitucional para reimpulsar a la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana en la lucha contra la delincuencia llevaron implícito un nuevo reacomodo en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: se mantienen Guardia Nacional-Defensa y Marina en el combate contra los cárteles, pero resurge el enfoque civil con nuevas facultades de investigación a la Secretaría y el papel central del secretario Omar García Harfuch en la definición y control de la estrategia de seguridad.

El mensaje de fondo podría no ser potenciado con suficiente fuerza para no mandar mensajes equivocados: la Guardia Nacional queda como arma de la Defensa, pero el enfoque civil en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública –que abarca todas las formas de delincuencia, entre ellas los cárteles— regresa a la titularidad civil de la definición de programas y operaciones.

Con las reformas que fortalecen el ala civil de la SSPC, la Estrategia Nacional de Seguridad se sale del círculo vicioso del debate sobre la militarización, sin que las Fuerzas Armadas abandonen su gran responsabilidad en el combate a la inseguridad que tiene que ver con el nuevo paradigma de la seguridad interior, es decir, cuando la delincuencia lucha por apoderarse de las áreas políticas, sociales, económicas y territoriales del Estado.

Aunque la seguridad interior es parte doctrinaria de la soberanía del Estado, las reformas recientes del artículo 21 dejan de lado la posibilidad –y necesidad– de reglamentar la facultad de la fracción VII del artículo 89 constitucional que faculta al Ejecutivo federal a disponer de manera directa de las Fuerzas Armadas para la defensa de la “seguridad interior“.

Sin embargo, la reforma al 21 constitucional deja muy en claro que el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública le corresponderá a la Secretaría civil de Seguridad y Protección Ciudadana, en tanto que la Guardia Nacional-Defensa y Marina seguirán teniendo capacidad operativa fundamental dentro de la estrategia nacional.

Sin meterse en demasiadas aclaraciones ni caer en el garlito opositor, los estrategas de seguridad de Palacio Nacional resolvieron el gran debate que de manera machacona se convirtió en bandera política en el sexenio pasado: la supuesta militarización de la seguridad pública, cuando las leyes y prácticas solo reconocieron el escalamiento de la seguridad pública a criterios de seguridad interior y por tanto hicieron obligatoria la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado que fue capturando espacios de soberanía del Estado.

La reorganización civil del aparato de seguridad pública federal se complementa con la decisión de otorgarle a la SSPC facultades de investigación de delitos y sobre todo el control superior del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública.

Si se entiende bien la reorganización, la SSPC recupera las facultades de definición de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y reasume funciones directivas en la lucha contra la criminalidad cotidiana, en tanto que Guardia Nacional-Defensa y Marina seguirán con sus tareas de combate contra el crimen organizado de alta peligrosidad, agresiva capacidad de fuego y nucleado en los cárteles del narcotráfico que también derivan o patrocinan bandas poderosas de delincuencia común.

En este contexto, el debate artificial sobre la militarización de la seguridad pública llegó a su fin con la decisión de alto nivel de fortalecer a la Secretaría civil de Seguridad con funciones operativas, de investigación, de inteligencia y sobre todo de definición, desarrollo y control de la Estrategia Nacional de la Estrategia de Seguridad Pública. Las operaciones de la GN-Defensa y Marina continuarán e inclusive aumentarán sus actividades en función del escalamiento del crimen organizado para conseguir espacios en el control territorial e institucional Del Estado.

Y el último punto de las reformas al 21 constitucional también debe analizarse en clave civil: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y su titular García Harfuch se convierten en los principales auxiliares de la Presidencia de la República, sin menoscabo del papel prioritario de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en modo de seguridad interior.

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